La
ministra de Justicia reclama la colaboración de los obispos para “arrojar luz sobre unos hechos que nuestra
sociedad no puede seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con
dignidad”.
La ministra de Justicia,
Dolores Delgado, ha enviado esta mañana una carta al presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, para solicitar al órgano que
integran los obispos españoles toda la información en su haber sobre
investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos
sexuales en instituciones eclesiásticas. Delgado, que encuadra su petición en
el marco de cooperación del Estado con la Iglesia recogido en la Constitución y
en los Acuerdos con la Santa Sede, la justifica por la necesidad de “arrojar
luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir
manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”.
La ministra de Justicia,
cuyo departamento es el encargado de coordinar las relaciones del Estado con
las distintas confesiones religiosas, recuerda que estas denuncias “han tenido
una enorme repercusión pública” y manifiesta su intención de “abordar
conjuntamente” con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por
la “sincera preocupación” que mantienen ambas instituciones por estos hechos.
La carta señala que el
Gobierno está tramitando el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como
objetivo otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes
frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional. Uno de los
aspectos que esa norma abordará es la ampliación del régimen de prescripción de
los delitos de agresión y abusos sexuales a menores cuyo plazo comenzará a
contar cuando las víctimas cumplan 30 años.
Delgado explica que estos
delitos “sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución” no
pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados”, sino que merecen
“el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del
ordenamiento jurídico penal”. También recuerda que el pasado martes se dirigió
a la Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado
de tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de
infracciones en instituciones religiosas.
La ministra subraya los
esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos comportamientos con la creación del
‘Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los
delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos’ o el
‘Protocolo de actuación según la legislación del Estado’ para abordar estos
casos, que obliga a denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos
en el ejercicio de su ministerio. Además, alaba el compromiso de la Conferencia
Episcopal por haber creado una comisión que actualice los criterios a seguir.
También se refiere “a la
voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar este tipo de
conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas”. “Así lo
acredita la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales
para un encuentro en Roma dentro de dos semanas, en el que abordarán
conjuntamente el tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas
Iglesias en todo el mundo”, prosigue Delgado.
“Más allá de la depuración
de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos
hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si
desea afrontar el futuro con dignidad”, añade. “Se lo debemos a las víctimas,
que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor.
Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos
hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia,
evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución”.
Cortesía Agencia de Noticias rptv
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